29 de Noviembre de 2024 a las 03:00
El Parlamento de Australia ha dado un paso firme para proteger a los menores al aprobar una ley que prohíbe el acceso a redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y Snapchat a jóvenes menores de 16 años. Esta medida, pionera en el mundo, tiene como objetivo combatir problemas como el acoso en línea y el impacto negativo en la salud mental de los adolescentes.
La normativa, que entrará en vigor en un año, establece que las plataformas tecnológicas serán responsables de impedir el acceso de menores. Para garantizar su cumplimiento, la ley contempla multas de hasta 30,5 millones de euros. No obstante, plataformas consideradas de bajo riesgo, como YouTube, quedan fuera de esta restricción.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha destacado que esta legislación busca priorizar la seguridad de los niños: “Sabemos que no será perfecta, pero es lo correcto”, señaló.
Aunque la norma ha sido bien recibida por grupos de padres que ven en ella una respuesta a la crisis de salud mental juvenil, también ha generado críticas. Diversos colectivos, como la Comisión Australiana de Derechos Humanos, han advertido que podría excluir a jóvenes vulnerables de espacios de apoyo, especialmente a comunidades LGTBIQ+ y migrantes. Además, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional critican que la ley no aborda los problemas estructurales de las redes sociales, como los algoritmos adictivos o el beneficio empresarial derivado de contenidos dañinos.
Con esta medida, Australia reafirma su posición como líder en regulación tecnológica, tras haber sido el primer país en exigir que las plataformas paguen derechos a los medios de comunicación. Mientras tanto, esta ley abre el debate sobre cómo equilibrar la protección infantil y los derechos digitales, un tema que también resuena en otros países como Francia y Estados Unidos.
Telde no es ajena a estas preocupaciones, ya que muchas familias locales expresan inquietudes sobre el uso de redes sociales por parte de los menores. ¿Podría una normativa similar ser aplicada en España?
Foto: RTVE