Canarias no se vende: se defiende

Cada vez que leo una noticia como la del desmantelamiento de la acampada en Pasito Bea, me hierve la sangre. No por la intervención policial en sí, sino por lo que representa: otro capítulo más en el desalojo silencioso de los canarios de su propia tierra. Mientras el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se felicita por su “tolerancia cero” ante las ocupaciones ilegales, miles de residentes se preguntan: ¿y nosotros, dónde cabemos?

Desalojo de Pasito Bea (Foto C7)

Canarias recibe cerca de 20 millones de turistas al año. Esa cifra descomunal genera miles de millones de euros que, en teoría, deberían beneficiar a la población local. Pero ¿qué vemos en la práctica? Playas privatizadas, calas inaccesibles, urbanizaciones de lujo que devoran el litoral, y una administración que parece más preocupada por mantener la postal turística que por garantizar el acceso digno de los canarios a su propio territorio.

¿Ilegal? ¿O simplemente olvidados?

La acampada en Pasito Bea, como otras en Las Carpinteras o Montaña La Arena, no es un capricho. Es el síntoma de una desesperación creciente. Familias que buscan un rincón donde disfrutar del mar sin pagar precios abusivos. Gente que no puede permitirse hoteles ni apartamentos turísticos. Personas que, en su mayoría, no están degradando el entorno, sino reclamando un espacio que les pertenece por derecho histórico y cultural.

Pero el discurso oficial es otro: “ocupación irregular”, “riesgo ambiental”, “problemas de salubridad”. ¿Y los hoteles que vierten aguas residuales? ¿Y los macroeventos que arrasan con la biodiversidad costera? ¿Eso no es un atentado contra el litoral?

 Turismo sí, pero con justicia

No se trata de estar en contra del turismo. Se trata de exigir que parte de esos ingresos se reinviertan en la gente de aquí. ¿Por qué no se habilitan pequeñas calas con servicios básicos —baños, duchas, limpieza— para los residentes? ¿Por qué no se protege el acceso libre y gratuito a zonas costeras para quienes viven en Canarias todo el año?

La respuesta es incómoda: porque el modelo turístico actual no está diseñado para los canarios, sino para los intereses de grandes cadenas hoteleras, promotores inmobiliarios y políticos que han convertido el archipiélago en un escaparate de sol y playa, mientras empujan a su gente hacia la periferia.

La hipocresía institucional

Y mientras tanto, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana se llena la boca hablando de legalidad y protección del entorno, mientras permite que grandes empresarios —incluido su gran amigo, cuyo nombre no hace falta decir porque todos saben de quién se trata— construyan sobre suelo público. ¿Eso no vulnera la normativa? ¿Eso no degrada el litoral? ¿O es que la ley solo se aplica al que no tiene poder?

Basta ya de ser borregos

Es hora de levantar la voz. De dejar de aceptar que nos echen de nuestras playas como si fuéramos intrusos. De exigir una política que priorice el bienestar de los residentes sobre la rentabilidad turística. Porque Canarias no es un parque temático. Es nuestra casa. Y no vamos a seguir viendo cómo se nos despoja de ella sin luchar.

El Faro