Carmen Hernández evita referirse al caso Hoya Caldereta en sus últimas declaraciones públicas pese a la gravedad de la investigación
La diputada de Nueva Canarias intervino en un podcast de carácter local donde habló de política, valores y liderazgo, pero pasó por alto la causa medioambiental que mantiene imputados a empresarios, funcionarios y cargos públicos
La diputada regional y exalcaldesa de Telde, Carmen Hernández, ha realizado recientemente declaraciones públicas en un podcast de carácter local en las que analizó la situación política de Canarias, la gestión municipal y su visión sobre el liderazgo público. Sin embargo, evitó cualquier mención al caso Hoya Caldereta, una de las investigaciones medioambientales más graves que han pasado por los juzgados de Telde en los últimos años.
Mientras Hernández reivindicaba valores como la transparencia, la honestidad y la coherencia, omitió por completo un procedimiento judicial que investiga vertidos ilegales, ocupación irregular de suelo y posibles delitos contra el medio ambiente, hechos que tuvieron lugar durante su etapa al frente del Ayuntamiento. La causa, instruida en el Juzgado de Instrucción nº1, mantiene imputados a empresarios, técnicos municipales, funcionarios y un exconcejal, y podría derivar en consecuencias penales de enorme gravedad.
El caso cuenta con informes del Seprona y de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, y ha generado preocupación social por el impacto ambiental y por la gestión municipal que permitió la situación investigada. Aunque el nombre de Hernández aparece en la querella inicial presentada por el propietario colindante, la diputada no ofreció explicación alguna ni valoración política sobre un asunto que afecta directamente a su etapa de gobierno.
En sus declaraciones, la dirigente nacionalista prefirió centrar su discurso en criticar al actual gobierno local y en reivindicar su legado, dejando fuera cualquier referencia a un procedimiento judicial que sigue avanzando y que mantiene a varios investigados enfrentándose a un escenario judicial extremadamente delicado.
La ausencia de posicionamiento público sobre un caso de esta magnitud abre interrogantes sobre la coherencia entre el discurso de valores que la diputada defiende y la falta de explicaciones sobre un episodio que marcó la gestión municipal durante su mandato.