Choque total: España ejecuta el desembarco del Hondius pese al veto del Gobierno de Canarias
El Ejecutivo autonómico había prohibido el fondeo y la operación sanitaria al no recibir el informe técnico del 8 de mayo, pero el Gobierno central ordenó continuar y el desembarco comenzó esta mañana en Granadilla
La crisis institucional por el crucero MV Hondius escaló este domingo hasta un enfrentamiento abierto entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, después de que el Ejecutivo central decidiera seguir adelante con el fondeo y el desembarco del buque en el puerto de Granadilla (Tenerife), pese a la negativa expresa del Ejecutivo autonómico.
Durante la noche, el Gobierno de Canarias reiteró que no autorizaba la maniobra al no disponer del informe técnico del 8 de mayo, un documento que —según denuncian— el Ministerio de Sanidad “oculta deliberadamente” y que regula cada fase del desembarco de los pasajeros afectados por el brote de hantavirus.
Sin embargo, a primera hora de la mañana, fuentes portuarias confirmaron que el Hondius entró en la zona de fondeo y activó el protocolo de desembarco, siguiendo instrucciones directas del Gobierno de España. La operación comenzó alrededor de las 08:00, con salida escalonada de los pasajeros, todos ellos equipados con mascarillas N95 o FFP2, tal como recoge el documento técnico que Canarias asegura no haber recibido.
El Ejecutivo autonómico considera que el Estado ha actuado “de forma unilateral y sin transparencia”, ignorando la prohibición autonómica y ejecutando una operación sanitaria “sin coordinación mínima con las autoridades canarias”. Desde Presidencia insisten en que “la seguridad sanitaria del Archipiélago no se gestiona a ciegas” y que no se puede permitir la entrada de un buque “sin la información esencial que el Estado sí posee”.
El protocolo aplicado por el Gobierno central incluye cribado sanitario, zona de evaluación al aire libre, ambulancias medicalizadas, aislamiento inmediato de casos sospechosos y seguimiento de contactos durante 42 días. La tripulación no podrá embarcar en otro buque hasta completar la vigilancia activa.
La decisión del Estado de continuar sin autorización autonómica abre un conflicto competencial sin precedentes recientes, especialmente en materia de salud pública y control portuario. El Gobierno de Canarias estudia ahora acciones formales para denunciar la falta de cooperación y exigir responsabilidades.