El Soplón: La cruzada de unos “ecologistas” que apuntan al débil y olvidan la naturaleza

En los pasillos del Gobierno canario se comenta con sorpresa —y bastante indignación— el último movimiento de cierto grupo que se autoproclama defensor del medioambiente. Han decidido llevar a la Fiscalía Anticorrupción la supuesta “falta de cobro” de 17 millones en multas ambientales. Lo que no dicen, ni dirán, es que una parte importante de esas sanciones recae sobre personas que levantaron cuatro paredes en un trozo de tierra porque no tenían otra forma de vivir bajo un techo.

La jugada es tan llamativa como incoherente. En vez de centrar su energía en denunciar a quienes realmente destrozan el territorio —macroproyectos, vertidos, urbanismo salvaje, especulación encubierta—, han optado por exigir que se ejecute un paquete de multas que, de aplicarse sin criterio, golpearía sobre todo a quienes menos tienen. Y todo ello envuelto en discursos grandilocuentes sobre “impunidad”, “dejación de funciones” y “pérdida de dinero público”, como si la prioridad ecológica del archipiélago fuera perseguir a familias vulnerables.

El contraste es evidente: cuando se trata de grandes intereses, estos activistas desaparecen o se vuelven sorprendentemente prudentes. Pero cuando el objetivo es fácil —gente sin recursos, viviendas precarias, situaciones límite— entonces sí levantan la voz, exigen mano dura y se envuelven en la bandera verde. Una defensa del medioambiente muy selectiva, que siempre apunta hacia abajo y nunca hacia arriba.

El resultado es un relato torcido donde quienes sobreviven como pueden acaban convertidos en “infractores”, mientras los verdaderos responsables del deterioro ambiental continúan operando sin apenas oposición. Si finalmente se ejecutan estas sanciones sin distinguir entre necesidad y abuso, la responsabilidad moral recaerá también sobre quienes han empujado esta ofensiva, disfrazándola de ecologismo cuando en realidad es otra cosa muy distinta