Cuando la política se mira el bolsillo y no la calle

En el último pleno municipal de Telde, la concejala no adscrita Pilar Mesa alzó la voz para exigir derechos económicos y políticos que, según ella, se niegan injustamente a los ediles fuera de grupos municipales. Señaló como “subjetivo y arbitrario” el informe del secretario del Ayuntamiento y reclamó su ajuste a la ley. En su intervención, comparó los más de 2.000 euros que reciben algunos concejales por actas con la nula remuneración de los no adscritos, cuestionando si esas actas tienen “pedigrí”.

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Aunque el reclamo puede tener base legal, el momento y el tono elegido generan dudas sobre las prioridades reales del debate. Con Telde enfrentando problemas graves como infraestructuras deficientes, servicios públicos colapsados, desempleo y desafección ciudadana, la escena de una concejala centrada en su salario parece fuera de lugar.

El alcalde Juan A. Peña tampoco salió indemne, acusado de intentar confundir a Mesa durante su intervención. Pero eso no exime a los ediles no adscritos de responsabilidad en cómo y cuándo plantean sus demandas. Recordar gestiones pasadas tampoco ayuda si esas etapas dejaron más sombras que soluciones.

En tiempos de crisis, la política local debería estar al servicio de la ciudadanía, no de los agravios internos. Cuando el debate gira en torno a sueldos y no a soluciones, el mensaje que cala en la calle es claro: los vecinos luchan por sobrevivir mientras sus representantes se enredan en disputas corporativas. Y eso, en Telde, duele más que cualquier informe.

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