EDITORIAL / Telde: 675 años de historia secuestrada por políticos reciclados y funcionarios corruptos

En Telde ya nadie se escandaliza. Lo que en cualquier otro municipio sería portada nacional, aquí se ha convertido en rutina institucional. El recién destapado Caso Reparcelaciones —que investiga presuntas ilegalidades en unas obras de emergencia ejecutadas en 2022 bajo el mando del entonces concejal de Urbanismo y Aguas, Héctor Suárez— no es más que otro capítulo de una historia de saqueo, impunidad y desvergüenza que dura ya décadas.

Pero hay un patrón que no puede seguir ignorándose: los protagonistas son casi siempre los mismos. Políticos que se presentan como nacionalistas progresistas, nacidos del mismo nido ideológico —Coalición Canaria, Nueva Canarias o derivados— que durante años han vendido una falsa moral pública mientras usaban el poder para fines personales o de partido. ¿Los nombres? También, los de siempre.

Hoy, Héctor Suárez está citado como investigado por delitos de malversación, prevaricación urbanística, negociaciones prohibidas y atentado contra el orden territorial. Su nombre se suma al de otras “vacas sagradas” de la política teldense que, casualmente, pasaron por los mismos despachos, los mismos pactos y las mismas redes de poder: Aureliano Francisco Santiago Castellano, conocido como Paco Santiago, exalcalde y referente de Nueva Canarias, condenado por corrupción urbanística. Carmen Hernández, exalcaldesa y figura destacada del falso progresismo nacionalista, investigada por delitos medioambientales graves, relacionados con construcciones sobre suelos protegidos y negligencias en la protección del entorno. Héctor Suárez, exalcalde, exconcejal de Urbanismo y actualmente no adscrito, citado a declarar por su implicación directa en las cuestionadas obras de emergencia en 2022.

Tres nombres, una misma escuela política, y una misma manera de entender el poder: como herramienta de negocio, control y protección mutua.

Porque no hay corrupción política sin funcionarios dispuestos a prestarse al juego. En Telde, durante demasiado tiempo, la legalidad ha sido moldeable según el interés del concejal de turno. Y si un expediente no se sostenía, siempre había alguien en una jefatura de servicio, en intervención, en contratación o en secretaría general dispuesto a mover las piezas para que “todo encaje”.

¿Quién autorizó el incremento de más de 600.000 euros en las obras del caso Reparcelaciones sin aprobación de la Junta de Gobierno? ¿Quién permitió que se invadieran terrenos rústicos protegidos sin los permisos del Cabildo? ¿Quién tramitó los expedientes sin verificar su legalidad?

Uno de esos nombres que ya no puede seguir escondiéndose es el de Javier, jefe de servicio, funcionario con firma en varios de los expedientes cuestionados. Su papel ha sido clave en la tramitación de documentos que hoy están bajo investigación. Y como él, otros que han preferido mirar hacia otro lado, firmar sin preguntar, y facilitar lo que no se podía justificar.

Aquí ya no caben excusas. Porque el funcionario que facilita un acto ilegal deja de ser técnico para convertirse en colaborador del delito. Y en Telde, lamentablemente, esa figura se ha institucionalizado.

El año próximo, Telde cumple 675 años. Casi siete siglos de historia, cultura, resistencia y trabajo. Un municipio con raíces profundas, con identidad propia, con patrimonio arqueológico y humano único en Canarias. Y sin embargo, su historia reciente ha sido una traición constante a sus vecinos.

Cada legislatura, con diferentes siglas, nos deja el mismo sabor amargo: pactos que se rompen por intereses personales, partidos que se reciclan en la oposición mientras sus cuadros siguen controlando el aparato administrativo desde dentro, y una ciudadanía cada vez más harta y desconectada de lo público, porque lo público aquí hace tiempo que se privatizó en favor de unos pocos.

No todo está podrido. Y este mensaje va también para los muchos funcionarios que sí creen en el servicio público, que sí cumplen su trabajo con integridad. Pero ha llegado el momento de que sean valientes. De que denuncien lo que se ve, lo que se escucha, lo que se ordena sin papeles y se firma con miedo.

Porque lo que está en juego no es solo un expediente más. Es la dignidad de Telde. Es su futuro. Es la credibilidad de una administración pública al borde del colapso ético.

Y a los otros, a los que han colaborado, a los que han callado, a los que han obedecido sin ética, solo una cosa: ya no hay excusas. El tiempo de la impunidad se está acabando.

Cuando los nombres que se repiten en los casos de corrupción son siempre los mismos, cuando los delitos son casi siempre los mismos, y cuando los beneficiarios —directos o indirectos— son siempre los mismos, ya no estamos ante errores individuales. Estamos ante un modelo de poder clientelar y caduco que ha secuestrado a un municipio entero.

Telde no se merece esto. No lo merece su historia. No lo merece su gente. No lo merece su futuro.

Basta ya. Que el 675 aniversario de Telde no nos pille con las mismas ratas al timón. El juicio será en febrero. Pero el verdadero veredicto tiene que llegar mucho antes. Desde la calle. Desde la conciencia. Y desde dentro del Ayuntamiento. Porque Telde o se limpia… o se hunde.

Editorial/detelde.es