El Ayuntamiento de Telde acelera el desalojo de Hoya del Pozo sin ofrecer alternativas reales a las personas sin hogar

El Ayuntamiento de Telde ha intensificado los pasos para el desalojo del asentamiento ubicado en Hoya del Pozo, tras una reunión técnica celebrada este martes y presidida por el alcalde, Juan Antonio Peña. A la mesa acudieron representantes de la Guardia Civil (Seprona), la Policía Local, y técnicos de Urbanismo, Servicios Sociales y Servicios Municipales. El objetivo: coordinar una actuación que permita “recuperar el espacio, garantizar la seguridad ciudadana y restablecer la legalidad”.

 Foto: TELDEACTUALIDAD 

Sin embargo, esta firmeza contrasta con la ausencia de soluciones habitacionales dignas para las personas que actualmente viven en este enclave costero. En lugar de trabajar paralelamente en una alternativa real para quienes han hecho del lugar su única opción provisional de vivienda, el Ayuntamiento parece priorizar la “recuperación del espacio” sin contemplar el drama humano que subyace tras cada chabola o tienda de campaña.

Resulta paradójico que mientras se invoca el cumplimiento de la legalidad para justificar este desalojo, el propio entorno del Ayuntamiento convive con construcciones que llevan años operando al margen de la normativa urbanística, como ocurre en la zona del Cubillo, donde se ubica una estación de servicio y otras edificaciones sobre suelo rústico que, según denuncian vecinos, “todo el mundo sabe que están fuera de ordenación”.

¿Y qué pasa con los derechos fundamentales? La Constitución Española, en su artículo 47, reconoce el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada. Un derecho que, en la práctica, sigue siendo papel mojado para muchas personas en situación de vulnerabilidad en Telde. Mientras se organizan reuniones para desalojar, no se ha visto la misma diligencia para habilitar alguno de los muchos terrenos de titularidad municipal —que hay “por un tubo”, como apuntan varios colectivos sociales— con servicios mínimos como agua, luz, papeleras o baños.

Si no se garantiza ese derecho, quienes no tienen acceso a una vivienda no tienen más opción que buscarse la vida, como hacen quienes hoy malviven en Hoya del Pozo. Estas personas también son parte del municipio, y merecen una respuesta que no pase únicamente por la expulsión.

Por el momento, el Ayuntamiento ha diseñado una hoja de ruta común con todas las áreas implicadas, y asegura que el procedimiento será “riguroso y transparente”. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿dónde irán a parar quienes ya no tienen otro sitio al que ir?

La ciudadanía espera que este compromiso por “restablecer la normalidad” no olvide la dimensión humana del problema. Porque sin alternativas reales, el desalojo no es solución, es simplemente desplazamiento del problema a otro lugar.

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