16 de Julio de 2024 a las 00:57
"CASO REPARCELACIONES"
Un nuevo escándalo sacude Telde, y el exalcalde y exconcejal de Urbanismo, Héctor Suárez, está en el punto de mira de la Guardia Civil. La información, publicada originalmente por TELDEACTUALIDAD , revela que Suárez emitió una orden el 15 de junio de 2022 para conectar el suministro de agua a construcciones ilegales en diversos núcleos poblacionales ubicados en suelo agrícola, sin el respaldo de informes técnicos o jurídicos.
Esta polémica decisión, documentada por TELDEACTUALIDAD, afectó a poblaciones como El Mayorazgo, Pedro Paso, Hoya la Chanza, Cruz de Jerez, Montaña Las Huesas, Piedra Molino y Cuevas de Silva, entre otras. La medida fue una respuesta urgente ante el anuncio de la empresa Fraindagua de cesar el suministro a medio centenar de clientes.
Sin embargo, la orden de Suárez se ejecutó de manera irregular. La instrucción de conectar a más de 500 usuarios, muchos más de los afectados por Fraindagua, se realizó sin la justificación adecuada y en terrenos recién parcelados y edificados, lo que generó serias dudas sobre la legalidad de estas acometidas.
Posteriormente, la Junta de Gobierno aprobó un proyecto de emergencia valorado en casi 700.000 euros, pero los costos se dispararon a más de 900.000 euros. Esta cifra nunca fue modificada oficialmente y Intervención Municipal se negó a pagarla, obligando a la empresa adjudicataria a recurrir a los tribunales.
Las investigaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil están centradas en la declaración de emergencia utilizada para evitar los procedimientos ordinarios de contratación pública. Además, se cuestiona la prisa y la falta de permisos en la ejecución de las obras, que se llevaron a cabo sin la aprobación del Consejo Insular de Aguas ni del Cabildo, y sin los permisos a los titulares de las vías.
La Guardia Civil ha comenzado a llamar a declarar a varios implicados, entre ellos al jefe del Servicio de Aguas, Javier Rodríguez, para esclarecer las irregularidades en estas conexiones. La comunidad de Telde sigue de cerca el desarrollo de este caso, que promete destapar uno de los mayores escándalos de la gestión pública en la región.