La denuncia sobre las vallas publicitarias ilegales en suelo municipal ha destapado algo más grave que un simple fraude económico. Ha revelado una forma de gobernar donde el patrimonio público queda expuesto, vulnerable y disponible para quien quiera explotarlo. Y lo más inquietante es que, mientras esto ocurría, el Ayuntamiento de Telde permanecía inmóvil.
La empresa señalada en la denuncia, vinculada al entorno de Progecon, habría instalado más de diez soportes de gran formato sin expediente, sin licencia y sin pagar canon. Cada valla generaba 800 euros mensuales, una cifra que podría traducirse en cientos de miles de euros acumulados sin que el municipio haya recibido un solo euro. Pero el escándalo no termina ahí.
Lo verdaderamente revelador es que AG Publicidad llega a publicitar en su propia web un soporte ubicado en suelo municipal como si fuera de su propiedad, ofreciendo su alquiler comercial como si se tratara de un activo privado. El enlace está ahí, visible para cualquiera: un soporte en Telde, en terreno público, promocionado como parte de su catálogo comercial. Esto no es solo un abuso. Es una apropiación simbólica del patrimonio municipal. Es la prueba de que la empresa no solo explotaba el suelo público: lo consideraba suyo.
Y ante esto, ¿qué hizo el Ayuntamiento? Nada. Durante años, nada.
La responsabilidad institucional es evidente. El concejal de Urbanismo y Patrimonio, señalado directamente en la denuncia, debe explicar cómo es posible que una empresa privada haya podido instalar, explotar y publicitar como propios bienes públicos sin que nadie en la administración levantara la voz. La supervisión municipal no es un trámite burocrático: es la barrera que protege lo que pertenece a todos.
Las fuentes próximas al Gobierno de Telde aseguran ahora que todas las vallas serán retiradas y que las empresas deberán rendir cuentas. Es un anuncio necesario, pero llega tarde. Retirar las vallas no borra los años de permisividad, ni la imagen de una empresa que se ha sentido tan cómoda ocupando suelo municipal que lo ha incluido en su catálogo comercial.
La ciudadanía se pregunta —y con razón— cómo ha sido posible que este aprovechamiento privado haya prosperado sin obstáculos. ¿Quién permitió que el suelo público se convirtiera en mercancía? ¿Quién decidió que la inacción era una política aceptable? ¿Cuánto dinero dejó de ingresar el municipio? ¿Qué servicios públicos podrían haberse financiado con ese dinero?
Telde merece instituciones que protejan su patrimonio, no que lo abandonen. Este caso no es solo una denuncia: es un espejo. Y lo que refleja es incómodo. Pero también es una oportunidad. La oportunidad de demostrar que el Ayuntamiento está dispuesto a recuperar el control, a exigir responsabilidades y a recordar que lo público no se negocia, no se alquila y, desde luego, no se publicita como si fuera privado.