Indignación por el caos en el vado de una escuela infantil

La irresponsabilidad de algunos conductores, unida a la aparente indolencia municipal, está provocando una oleada de críticas por parte de las familias cuyos hijos asisten a la guardería ubicada en la calle León y Castillo, nº 37, en Telde. El espacio reservado frente al centro educativo, destinado a facilitar la llegada y recogida segura de los menores, se ha convertido en un aparcamiento irregular para vehículos de toda índole, desde camiones de reparto y furgonetas de obras hasta turismos de particulares que acuden a establecimientos cercanos.

La infracción diaria de esta zona señalizada no solo entorpece el acceso de las familias, sino que pone en riesgo la seguridad de los niños pequeños en una calle con elevado tráfico. “Día tras día encontramos coches mal estacionados. Llamamos a la Policía Local, pero nunca viene nadie”, lamentan los padres, que recurren constantemente al 112 para denunciar estos abusos. Sin embargo, el vacío de acción por parte de los agentes municipales, dependientes del alcalde Juan Antonio Peña, parece fomentar la impunidad y el enfrentamiento. Algunos infractores incluso han llegado a increpar a los padres cuando estos les reprochan su actitud.

El pago anual del vado por parte del centro educativo, una suma significativa, parece no importar a las autoridades municipales, que hasta ahora no han tomado medidas eficaces para resolver esta situación. La frustración de las familias es palpable. Al no poder utilizar el espacio reservado, los padres se ven obligados a aparcar en lugares indebidos, generando más caos en la vía pública y aumentando el riesgo para sus hijos, que deben desplazarse entre coches mal estacionados.

Esta realidad no hace más que alimentar la sensación de que Telde es “una ciudad sin orden y sin ley”, una percepción que crece ante la falta de respuesta institucional. Las familias exigen al Ayuntamiento de Telde y a la Policía Local que actúen con urgencia para garantizar el respeto a las normas de convivencia y priorizar la seguridad de los menores, que debería ser un objetivo innegociable en cualquier sociedad.

¿Qué más tiene que pasar para que cumplan con sus responsabilidades?, se preguntan los afectados. Mientras tanto, la indignación sigue creciendo ante un problema que podría resolverse con un mínimo de voluntad y firmeza por parte de las autoridades.