Investigación exclusiva: Las irregularidades urbanísticas de una concejala en Telde

Queda por ver qué acciones tomará el actual concejal de Urbanismo, Don Juan Francisco Jiménez, ante estas presuntas irregularidades cometidas por una de sus colegas en la corporación municipal.

En el tranquilo barrio de El Calero Bajo, una sombra de irregularidades urbanísticas ha comenzado a proyectarse sobre una figura pública que, por su cargo, debería ser la primera en respetar la ley. Nos referimos a una concejala de la corporación municipal de Telde, quien, según nuestras investigaciones, estaría involucrada en una serie de infracciones urbanísticas que han pasado desapercibidas, o al menos, han sido ignoradas por las autoridades competentes.

El edificio en cuestión, propiedad de la mencionada concejala, se ha convertido en el epicentro de una controversia que, de confirmarse, podría poner en entredicho la integridad de las autoridades municipales. La planta baja del inmueble, originalmente proyectada como un local comercial según los planos aprobados, está siendo transformada en varias viviendas, aparentemente destinadas a ser utilizadas como alojamientos vacacionales. Este cambio de uso, que requiere una serie de permisos y modificaciones legales, parece estar realizándose al margen de la normativa vigente.

La situación se agrava al descubrir que, durante la ejecución de estas obras, los responsables del área de urbanismo del municipio no exigieron a la concejala el cumplimiento de un retranqueo obligatorio, una medida que se impone para asegurar la correcta alineación de las edificaciones con las vías públicas y garantizar la seguridad y estética del entorno urbano. Este tipo de omisión resulta alarmante, dado que cualquier otro ciudadano se enfrentaría a sanciones significativas por no cumplir con esta obligación.

Además, las obras han incluido la instalación de mallas metálicas, que según la normativa vigente, no estarían autorizadas en este tipo de construcciones. La normativa municipal solo permite el uso de mallas de plástico, con el fin de garantizar una mayor seguridad y estética en las áreas urbanas. La decisión de optar por un material no autorizado podría interpretarse como un acto deliberado de desafío a las regulaciones establecidas.

Lo más preocupante de este caso es que la protagonista de estas presuntas irregularidades es una figura pública, una concejala que, por su cargo, debería ser ejemplo de legalidad y transparencia. Su implicación en estos actos no solo pone en riesgo la credibilidad de la corporación municipal, sino que también envía un mensaje peligroso a la ciudadanía: que las normas pueden ser ignoradas impunemente si se tiene la posición adecuada.

La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo es posible que una concejala, que debería ser vigilante del cumplimiento de la ley, esté involucrada en tales irregularidades? ¿Qué tipo de influencia se ejerce sobre los responsables de urbanismo para que no exijan el cumplimiento de las normativas? Y, lo más importante, ¿qué otras irregularidades podrían estar ocurriendo bajo su amparo?

Este caso, aún en desarrollo, pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y transparencia en las actuaciones urbanísticas, especialmente cuando están involucradas figuras públicas. Continuaremos investigando para desenmarañar toda la verdad detrás de estas irregularidades, con el objetivo de que la justicia y la legalidad prevalezcan en Telde.

Fuere: J.M.S.' -El Faro