La alcaldesa de Mogán negó pruebas sobre las obras ilegales en Veneguera mientras estas avanzaban a plena vista en la playa
Mogán pidió “más pruebas” para localizar unas obras que cualquiera veía en la Playa de Veneguera
Por El CernícaloLa gestión de las obras ilegales en Veneguera sigue generando controversia. En 2024, cuando la Asociación en Defensa del Medio Ambiente (AMA) presentó las primeras denuncias alertando de movimientos de tierra sin autorización, el Ayuntamiento de Mogán respondió por escrito que el colectivo “no había aportado pruebas suficientes” para determinar el lugar exacto de las actuaciones. Una afirmación que sorprendió a los denunciantes, dado que las obras se realizaban a plena vista en la Playa y el Barranco de Veneguera, uno de los enclaves más conocidos del municipio.
Mientras las advertencias eran desestimadas, las obras continuaron sin control municipal, extendiéndose durante meses y afectando zonas protegidas. La situación escaló hasta Costas del Estado, que retiró cautelarmente las autorizaciones, abrió un expediente sancionador y confirmó que las actuaciones excedieron drásticamente lo permitido.
El giro más relevante llegó con la intervención del Cabildo de Gran Canaria, a través del consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, quien ha sido la figura institucional que sí ha actuado con firmeza. Según sus declaraciones, los agentes de Medio Ambiente detectaron que la empresa intervino una superficie muy superior a la autorizada, afectando tanto la playa como el barranco.
Los informes del Cabildo, trasladados al SEPRONA, documentan además daños muy graves en cinco yacimientos arqueológicos, penetración de maquinaria 17 metros dentro de un Bien de Interés Cultural, destrucción parcial o total de estructuras prehispánicas y ausencia de estudios arqueológicos obligatorios.
García Brink ha defendido públicamente que el Cabildo “velará porque se cumpla la ley” y que cualquier actuación en Veneguera debe ajustarse estrictamente a la normativa ambiental y patrimonial. También ha señalado que los conflictos se producen porque nunca se ha presentado un proyecto global y transparente sobre el futuro de la zona, insistiendo en que la institución insular actuará siempre que detecte irregularidades.
En este contexto, la alcaldesa de Mogán ha pasado de cuestionar las denuncias de los colectivos a criticar ahora al Cabildo, pese a que la institución insular —a través de García Brink— ha sido la única administración que ha documentado las infracciones, activado expedientes y trasladado el caso a las autoridades competentes.
El caso de Veneguera continúa bajo investigación, con daños patrimoniales ya considerados irreversibles y con varias administraciones evaluando responsabilidades.
