La declaración de Héctor Suárez apunta ahora a Construplan: la jueza sopesa citar a la empresa por las dudas sobre la emergencia de 2022
Fuentes apuntan a la incomodidad de Suárez al explicar la subida del presupuesto y a la posible citación del representante de Construplan como principal novedad del día
La declaración de Héctor Suárez ante el Juzgado de Instrucción nº2 ha dado un giro relevante en la investigación de la emergencia de 2022: Construplan, la empresa adjudicataria de las obras, pasa a ocupar un papel central después de que la jueza dejara entrever que podría llamar a declarar a su representante legal.
Según fuentes consultadas por este medio, esta posibilidad se ha reforzado tras las explicaciones del exalcalde, consideradas insuficientes y contradictorias en varios puntos clave del expediente.
Las mismas fuentes destacan que Suárez mostró clara incomodidad cuando se le preguntó por la subida del presupuesto, que pasó de 697.000 euros a casi un millón, y que finalmente superó los 1,3 millones. El exalcalde intentó sostener que la Junta de Gobierno no aprobó el presupuesto inicial, sino únicamente la memoria técnica, y que el incremento económico se incorporó después.
Sin embargo, Intervención ya había advertido que la Junta sí aprobó un presupuesto concreto y que el aumento posterior no se sometió a aprobación, motivo por el cual Construplan cobró el exceso mediante un procedimiento judicial por enriquecimiento injusto. “Ahí no tenía salida”, resumen las fuentes, que subrayan que Suárez no respondió realmente a las observaciones de Intervención.
Otro punto conflictivo fue el de los enganches de agua a viviendas sin cédula de habitabilidad. Suárez trató de derivar la responsabilidad al área de Aguas, pero las partes recuerdan que fue él quien firmó el oficio que sustituyó la documentación obligatoria, limitando el requisito a que las viviendas estuvieran afectadas por el corte del anterior suministrador. Ese oficio, según los testigos, se utilizó como único soporte para autorizar altas que la normativa no permite sin acreditar la legalidad de la vivienda.
El exalcalde también intentó justificar el procedimiento de urgencia apoyándose en un informe jurídico de la técnica Desirée, pero esta ya había aclarado que su documento no era el informe preceptivo para un expediente de Aguas y que no valoraba la legalidad de los enganches, competencia exclusiva del área técnica. Las partes insisten en que se trataba de un informe genérico, propio de cualquier trámite administrativo, y que no sustituía al dictamen técnico-jurídico exigido en una emergencia.
En cuanto a la elección de empresas, Suárez reconoció que tanto la dirección de obra como Construplan fueron designadas a dedo, justificándolo en la urgencia. Sin embargo, está acreditado que el Ayuntamiento llevaba casi un año manteniendo conversaciones con la suministradora de agua para el cambio de operador, lo que resulta difícilmente compatible con una emergencia real. “Si llevaban tantos meses preparando el cambio, podían haber iniciado un procedimiento ordinario”, señalan las fuentes.
El informe del Seprona mantiene a Suárez bajo investigación por presuntos delitos de ordenación del territorio, malversación, negociaciones prohibidas y prevaricación urbanística.
La posible citación del representante de Construplan se convierte ahora en la principal novedad del caso y abre una nueva fase en la instrucción, centrada en aclarar si la empresa participó en decisiones que excedían el marco de una emergencia justificada.
