La farsa de la protección

Cómo las autoridades y las ONG fallan a los menores migrantes.

La reciente detención de Mourad Boumeheta, un joven marroquí de 18 años, acusado del homicidio en el parque de Arnao en Telde, es un trágico reflejo de la incapacidad de las autoridades y las ONG para gestionar adecuadamente la llegada de menores migrantes a Canarias. Este caso no es aislado, sino parte de un patrón preocupante que revela la verdadera cara de unas instituciones que parecen más interesadas en lucrarse que en ofrecer una verdadera ayuda a estos jóvenes vulnerables.

Desde hace años, Canarias ha sido uno de los principales puntos de entrada para menores no acompañados que huyen de la pobreza y los conflictos en sus países de origen. Llegan en pateras, exhaustos y esperanzados, solo para encontrar un sistema que los recibe con promesas vacías y una atención insuficiente. Las ONG, que deberían ser un refugio seguro para estos menores, han demostrado ser poco más que trampolines hacia la marginación y la delincuencia.

Boumeheta, quien llegó a Canarias siendo menor de edad, es el ejemplo vivo de cómo estas organizaciones fallan rotundamente en su misión. Tras cumplir 18 años, como muchos otros, será arrojado a la calle, sin recursos, sin apoyo y sin un futuro claro. El resultado es predecible: jóvenes desarraigados que, sin un sistema de apoyo sólido, se ven arrastrados hacia actividades delictivas.

Las autoridades, por su parte, se lavan las manos. Implementan políticas superficiales que no abordan las raíces del problema y permiten que estas ONG operen sin una supervisión adecuada. ¿Es esta la educación que las ONG dan a los jóvenes que llegan a nuestras islas? ¿Una educación que culmina en crímenes y vidas truncadas? Parece que la respuesta es tristemente afirmativa.

El asesinato en Telde no solo es un reflejo de la violencia latente entre estos jóvenes, sino también de la desesperación y el abandono en el que se encuentran. Las ONG, que reciben fondos públicos y privados para cuidar de ellos, terminan priorizando sus beneficios sobre el bienestar de los menores. Mientras tanto, las autoridades locales y nacionales miran hacia otro lado, permitiendo que este ciclo de desprotección y criminalidad continúe.

La solución a este problema no puede ser más de lo mismo. Se necesita una revisión profunda del sistema de acogida de menores migrantes en España, con una estricta rendición de cuentas para las ONG implicadas. Las autoridades deben asegurarse de que los fondos se destinen realmente a programas de educación, integración y apoyo continuo, no solo hasta que los jóvenes cumplan 18 años, sino más allá, garantizando una transición adecuada a la vida adulta.

La sociedad no puede seguir permitiendo que estos jóvenes sean víctimas de un sistema fallido. Es imperativo exigir a las autoridades y a las ONG una verdadera reforma que priorice el bienestar de los menores sobre los beneficios económicos. Solo así podremos evitar que se repitan tragedias como la de Telde y ofrecer a estos jóvenes una oportunidad real de un futuro mejor.

La vida de Mourad Boumeheta, marcada por el crimen y la desesperanza, es un testimonio doloroso de nuestro fracaso colectivo. Es hora de que las autoridades y las ONG cumplan con su deber y proporcionen la protección y la educación que estos menores merecen. Si no actuamos ahora, estaremos condenando a muchos más jóvenes a un destino similar, perpetuando un ciclo de violencia y abandono que debería avergonzarnos a todos.