La Guardia Civil destapa delitos contra la ordenación del territorio en Telde

Las sospechas de irregularidades no solo apuntan a una mala gestión, sino a posibles delitos graves contra la ordenación del territorio, que conllevan consecuencias legales significativas. Las comunidades afectadas por estas obras no autorizadas y el público en general están a la espera de ver cómo se desarrolla este caso, que podría resultar en detenciones y procesamientos si se confirman las violaciones a la ley.

En un giro inesperado que ha sacudido a la comunidad de Telde, la Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha desvelado una presunta trama de delitos contra la ordenación del territorio en las obras de suministro de agua realizadas por el Ayuntamiento. Las investigaciones, que han puesto al descubierto graves irregularidades, apuntan a una serie de obras que fueron declaradas de emergencia el 1 de julio de 2022 por Héctor Suárez, el entonces concejal de Aguas y Urbanismo.

Las obras, que afectaron a terrenos rústicos y protegidos, se llevaron a cabo sin las autorizaciones pertinentes y cruzaron propiedades privadas y del Cabildo de Gran Canaria. Estas acciones, según las investigaciones preliminares, no solo violan las normativas de ordenación del territorio, sino que también podrían constituir delitos graves que acarrearían sanciones económicas millonarias y penas de cárcel para los responsables.

El procedimiento seguido para la adjudicación de estas obras está bajo una intensa lupa. La investigación ha revelado que se otorgaron contratos de manera directa a la empresa Construplan, inicialmente por un monto de 690,000 euros, cifra que posteriormente se incrementó a más de 1.3 millones de euros sin la debida autorización del Ayuntamiento. Este incremento injustificado y la adjudicación directa sin un proceso competitivo adecuado son elementos que han encendido todas las alarmas.

La Guardia Civil ha asegurado toda la documentación necesaria y continúa profundizando en la investigación. Las decisiones tomadas durante la declaración de emergencia y el proceso de adjudicación están siendo examinadas minuciosamente, con un enfoque particular en las acciones de las concejalías de Aguas y Urbanismo, ambas bajo la responsabilidad de Héctor Suárez en 2022.

Las sospechas de irregularidades no solo apuntan a una mala gestión, sino a posibles delitos graves contra la ordenación del territorio, que conllevan consecuencias legales significativas. Las comunidades afectadas por estas obras no autorizadas y el público en general están a la espera de ver cómo se desarrolla este caso, que podría resultar en detenciones y procesamientos si se confirman las violaciones a la ley.

Radio Aventura Siglo 21 seguirá muy de cerca esta investigación, proporcionando a sus oyentes y lectores la información más actualizada sobre un caso que amenaza con cambiar el panorama político y urbanístico de Telde de manera irreversible.