La incoherencia de Carmen Hernández (NC): Predicar con el ejemplo

La diputada regional y exalcaldesa de Telde de Nueva Canarias, ahora se hacen llamar Canarístas, Carmen Hernández, ha demostrado una preocupante falta de coherencia en su conducta respecto a su posición sobre los imputados por la justicia. Durante años, Hernández ha defendido públicamente la necesidad de que aquellos investigados por la justicia se aparten de sus cargos hasta que se resuelvan sus casos. Sin embargo, cuando la situación le ha afectado personalmente, su actitud ha sido completamente diferente.

Hernández está siendo investigada desde hace casi dos años por presuntos delitos medioambientales en la gestión del vertedero de Hoya Caldereta en Jinámar. Esta investigación, que comenzó en febrero de 2022, incluye también al exconcejal Eloy Santana, el representante y técnico de la UTE responsable del vertedero, y varios técnicos municipales. A pesar de la gravedad de las acusaciones y el prolongado periodo de la investigación, Hernández no ha dado un paso al costado ni ha mostrado intención de hacerlo.

Es pertinente recordar que el vertedero de Hoya Caldereta fue cerrado definitivamente en julio de 2022 por orden del Gobierno de Canarias, después de que se unificaran dos denuncias: una del propietario de los terrenos adyacentes, José Reina, y otra del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), a raíz de una denuncia del actual alcalde Juan Antonio Peña, realizada cuando estaba en la oposición.

La situación se agrava con la reciente interrupción de las declaraciones programadas en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Telde, debido a un problema técnico en el sistema de grabación audiovisual de la sala. Este retraso en el proceso judicial no hace más que prolongar la sombra de sospecha sobre Hernández y los demás investigados.

Hernández ha sido clara en sus declaraciones pasadas sobre la necesidad de apartarse cuando se es objeto de una investigación judicial. Sin embargo, su negativa a hacerlo en su propio caso pone de manifiesto una doble moral preocupante y un desprecio hacia los principios que ella misma defendía. La coherencia y la integridad son cualidades esenciales para cualquier representante público, y la falta de estas en Hernández no solo socava su credibilidad, sino que también erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Es necesario que nuestros representantes practiquen lo que predican. La conducta de Carmen Hernández no solo es un ejemplo flagrante de hipocresía política, sino que también envía un mensaje negativo sobre la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. Los ciudadanos merecen líderes que actúen con integridad y que sean consecuentes con sus palabras y acciones. Hernández, al negarse a apartarse mientras está bajo investigación, ha fallado en cumplir con estos estándares básicos de comportamiento ético.