La Justicia inadmite la demanda de Calcusan por no acreditar la autorización societaria para litigar
Este desenlace confirma lo que ya se había adelantado semanas atrás en el programa Carmelo Martín & Cía, de Radio Aventura Siglo 21, donde se anunció la existencia de una larga lista de empresas y particulares que reclaman cifras millonarias al Ayuntamiento de Telde, y que la ciudadanía tiene derecho a conocer.
El Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo nº 2 de Las Palmas ha inadmitido la reclamación presentada por Calcusan S.L. contra el Ayuntamiento de Telde al constatar que la empresa no aportó el acuerdo del órgano societario competente que autorizara iniciar acciones judiciales, un requisito imprescindible para cualquier persona jurídica según el artículo 45.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa.
La magistrada Esperanza Ramírez Eugenio detalla en la sentencia que el poder presentado por la empresa únicamente indicaba que el apoderado “decide litigar”, pero no existía ningún documento que demostrara que esa decisión había sido adoptada formalmente por el órgano estatutario. La jueza recuerda que la representación procesal y la decisión de litigar son actos distintos, y que sin esa autorización expresa el recurso carece de validez desde su origen. Calcusan, además, no subsanó el defecto, pese a haber sido advertida por las alegaciones del Ayuntamiento y de la aseguradora Zurich.
Como consecuencia, el tribunal no entra a valorar los daños que la empresa atribuía a las obras de ampliación de la carretera de Melenara. El procedimiento queda cerrado exclusivamente por un fallo formal que impide examinar el fondo del asunto.
En ese mismo espacio también se advirtió de casos de pagos realizados a quienes no debían haber cobrado o de situaciones derivadas de inacción municipal durante etapas de gobierno de Nueva Canarias.
La publicación de esta sentencia ha generado comentarios en el municipio, especialmente porque algunos pudieron ponerse nerviosos tras las revelaciones del programa y la inminente difusión de más información sobre reclamaciones, cobros indebidos y responsabilidades administrativas acumuladas durante años.
Y, visto lo visto, este fallo judicial parece ser el pistoletazo de salida para que en el programa se empiece a difundir esa lista de “listos”, nunca mejor dicho, que durante tanto tiempo ha permanecido en silencio.