La UMAT detecta vertido ilegal de escombros en el Barranco Real de Telde

La rápida intervención de la Unidad de Medio Ambiente permitió identificar a los responsables y mitigar el daño ambiental.

Telde, 24 de abril de 2025 - La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de Telde (UMAT) ha identificado a un autónomo del sector de la construcción como responsable de un vertido ilegal de escombros en el Barranco Real de Telde, constituyendo una infracción grave de la normativa medioambiental.

El infractor, domiciliado fiscalmente en Las Palmas de Gran Canaria, llevó a cabo dos vertidos consecutivos en días distintos, depositando un total de 140 sacos de residuos de obra en este espacio natural. Ante la gravedad de los hechos, la UMAT activó un dispositivo de vigilancia que permitió interceptar al vehículo cuando iniciaba un tercer vertido en la zona de La Garita.

En el interior del vehículo viajaban dos individuos, quienes transportaban 30 sacos adicionales de escombros, identificados como coincidentes con los residuos encontrados previamente en el barranco. La intervención de la UMAT obligó a los infractores a retirar de inmediato todo el material vertido y trasladarlo a un gestor autorizado, con el objetivo de restituir el entorno natural y reducir el impacto ambiental.

El caso ha sido elevado al Consejo Insular de Aguas para la aplicación de la sanción correspondiente, la cual puede oscilar entre 1.001 y 50.000 euros, dependiendo de la valoración final de la infracción. Además, el informe ha sido remitido a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para su estudio.

El Ayuntamiento de Telde ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana en la detección de estos incidentes y ha reafirmado su compromiso con la protección del medio ambiente. Gracias a la actuación de la UMAT, los 4.850 kilos de escombros fueron retirados y entregados a un centro de reciclaje autorizado, suponiendo un coste de 51 euros para los responsables.

Este caso pone de manifiesto la necesidad de mantener una vigilancia activa contra las prácticas que afectan negativamente el entorno natural y refuerza la responsabilidad de todos los ciudadanos en la conservación de los espacios públicos.