Los proyectos que quedan en el aire tras la caída del PIOGC
Y ese error tiene consecuencias directas para Telde, que dependía de la actualización del plan para avanzar en áreas clave
La doble anulación judicial de la Revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria no es solo un revés técnico: es un terremoto político que deja a la isla sin brújula territorial. Y entre los municipios más afectados está Telde, que ve cómo varios proyectos estratégicos quedan congelados por una decisión que no tomó, pero que ahora sufre.
El TSJC ha sido claro: el Cabildo aprobó la revisión del PIOGC apoyándose en una ley derogada y usando un procedimiento que no correspondía. No habla de favoritismos ni de intenciones ocultas, pero sí de un error jurídico grave. Y ese error tiene consecuencias directas para Telde, que dependía de la actualización del plan para avanzar en áreas clave.
En materia de energías renovables, Telde pierde la oportunidad de acelerar la implantación de proyectos que ya estaban en fase de estudio y que necesitaban el nuevo marco insular para ubicarse en suelo rústico con garantías. Sin ese soporte, cualquier autorización se convierte en un riesgo, y las empresas optan por esperar.
El municipio también queda tocado en el ámbito industrial y logístico. La revisión del PIOGC contemplaba nuevas áreas estratégicas que reforzaban la posición de Telde como nodo económico del este de la isla. Con la anulación, esas zonas quedan en el aire, sin seguridad jurídica y sin posibilidad de avanzar hasta que el Supremo decida.
En infraestructuras, la situación no es mejor. Algunas conexiones viarias que Telde esperaba ver impulsadas —y que no estaban recogidas en el PIO de 2004— quedan ahora sin cobertura. No se paralizan oficialmente, pero nadie va a firmar un proyecto que puede quedar invalidado mañana.
Y aquí aparece la responsabilidad política. No del municipio, que ha cumplido con su parte, sino de la Presidencia del Cabildo, que eligió una vía rápida que los tribunales han desmontado. La isla entera paga las consecuencias, pero Telde, por su peso territorial y económico, paga más que otros.
Gran Canaria no puede seguir funcionando con un plan de hace veinte años ni avanzar con uno que los jueces consideran inválido. La isla necesita certezas, y Telde también. Mientras esas certezas no lleguen, los proyectos seguirán suspendidos en el aire, víctimas de un error que no cometieron, pero que ahora condiciona su futuro.