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30 de Diciembre de 2024 a las 18:32

Nuevamente condenado Telde por la mala gestión de sus gobernantes

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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias condena al Ayuntamiento de Telde a pagar más de 900.000 euros por las obras de emergencia en Jerez.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado la condena al Ayuntamiento de Telde, que deberá abonar un total de 912.636,45 euros a la empresa encargada de las obras de emergencia para el abastecimiento de agua en los barrios de El Mayorazgo, Jerez, Montaña Las Huesas y Piedra Molino, entre otros, realizadas en 2022.

El conflicto judicial se originó cuando la constructora reclamó el pago de las facturas correspondientes a los trabajos ejecutados bajo la declaración de emergencia de las obras, impulsada en julio de 2022 por el entonces concejal de Aguas y Urbanismo, Héctor Suárez. Aunque la Junta de Gobierno Local aprobó una cantidad para el pago de las obras, el informe de la intervención municipal, emitido en junio de 2023, advirtió que los importes propuestos superaban lo acordado inicialmente, lo que motivó una discrepancia sobre la cantidad a abonar.

A pesar de este informe desfavorable, la empresa inició un procedimiento judicial para exigir el pago. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Las Palmas dictó sentencia el 26 de marzo de 2024, a favor de la empresa, condenando al Ayuntamiento a pagar la cantidad de 912.636,45 euros. Posteriormente, se presentó un recurso de apelación, que ha sido desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dejando firme la sentencia.

El monto total que deberá abonar el Consistorio podría superar los 1,3 millones de euros si se incluyen los intereses acumulados y las costas del proceso judicial, lo que representa una carga financiera significativa para las arcas municipales. Esta decisión recaerá sobre el actual gobierno local, presidido por Juan Antonio Peña, que deberá hacer frente a este impacto económico.

La sentencia pone en evidencia las tensiones entre los acuerdos de la Junta de Gobierno y la realidad de los pagos por las obras públicas, además de resaltar las dificultades económicas que podrían generar situaciones como esta para los municipios.