¿Quién protege a los menores de los depredadores sexuales?

En Telde, como en muchas otras ciudades, los casos de abuso sexual a menores siguen siendo una herida abierta en nuestra sociedad. El reciente caso de Juan M.R., condenado a seis años de prisión por la violación de una menor de 15 años, nos obliga a reflexionar sobre cómo estamos protegiendo a nuestros niños y adolescentes. Pero, sobre todo, nos lleva a cuestionar si las medidas actuales son suficientes para evitar que estos depredadores sigan causando daño.

El caso es claro: en diciembre de 2022, una joven de 15 años fue engañada, llevada a un domicilio y agredida sexualmente. El condenado admitió los hechos y, tras un acuerdo con la Fiscalía, recibió una reducción de pena. Aunque la sentencia incluye una orden de alejamiento, libertad vigilada y una indemnización económica, la pregunta que muchos nos hacemos es: 

¿es esto suficiente?

Lo primero que llama la atención es la falta de transparencia en la difusión de estos casos. Aunque se menciona el nombre del condenado (Juan MR), no se publica su fotografía ni se proporcionan detalles completos que permitan identificarlo. Esto contrasta con otros casos menos graves en los que los medios no dudan en dar nombres y rostros. ¿Por qué esta doble moral? ¿Por qué no se expone a quienes cometen delitos tan abominables como el abuso sexual a menores?

La sociedad tiene derecho a saber quiénes son estos individuos.* No se trata de fomentar el linchamiento público, sino de proteger a la comunidad, especialmente a los más vulnerables. Si un depredador sexual vive entre nosotros, ¿no deberíamos saber cómo es, dónde está y qué ha hecho? La falta de información no solo genera una sensación de impunidad, sino que también deja a la sociedad en una posición de vulnerabilidad.

Además, la pena de seis años de prisión, aunque acompañada de otras medidas, parece insuficiente para un delito que deja secuelas de por vida en la víctima. La reducción de la pena por un acuerdo de conformidad y la aplicación de atenuantes, como la confesión tardía, plantea serias dudas sobre si la justicia está priorizando la celeridad procesal sobre la protección real de las víctimas y la sociedad.

¿Quién protege a los menores de estos depredadores? La respuesta no puede limitarse a las instituciones judiciales. Los medios de comunicación, como actores sociales clave, tienen la responsabilidad de informar con transparencia y rigor. Ocultar la identidad de los condenados por abusos sexuales a menores no solo es una falta de respeto a las víctimas, sino también una forma de proteger a los agresores. La publicación de nombres y fotografías no es solo una cuestión de justicia, sino de prevención. Un depredador expuesto es un depredador que difícilmente podrá reincidir en la sombra.

En Telde, como en el resto del mundo, los menores deben ser una prioridad absoluta. Necesitamos leyes más duras, penas más severas y una justicia que no solo castigue, sino que también prevenga. Pero también necesitamos medios de comunicación valientes, que no tengan miedo de nombrar y mostrar a quienes cometen estos crímenes. Solo así podremos construir una sociedad más segura para nuestros hijos.

Es hora de dejar de proteger a los depredadores y empezar a proteger a las víctimas. La transparencia no es una opción, es una obligación. Y mientras no asumamos esta responsabilidad, seguiremos fallando a quienes más nos necesitan: nuestros menores.