SEPRONA y Juzgado activan dos frentes en suelo rústico mientras avanza la causa penal por las obras de emergencia: un mismo patrón en Telde
La ciudad asiste a un endurecimiento institucional sin precedentes mientras el concejal de Urbanismo guarda silencio ante la pregunta esencial: ¿qué está pasando realmente en el territorio?
Durante años, Telde convivió con un fenómeno que muchos preferían no mirar de frente: la expansión silenciosa de urbanizaciones ilegales en suelo rústico protegido, alimentadas por reparcelaciones clandestinas, contratos privados y la instalación progresiva de servicios básicos para consolidar asentamientos donde la ley lo prohíbe.
Ahora, de repente, todo se está moviendo a la vez.
El pasado 16 de abril, la Guardia Civil —acompañada por personal judicial— precintó nueve construcciones en Lomo Catela y cortó el suministro de agua a una urbanización ilegal, en cumplimiento de una orden del Juzgado de Instrucción de Telde. La operación, descrita por la Guardia Civil como parte de un dispositivo específico contra la proliferación de asentamientos irregulares, confirma un modus operandi repetido: compra de suelo protegido, fragmentación ilegal, venta de subparcelas y posterior instalación de servicios para facilitar la construcción.
Pero esta no es la única actuación reciente. En Llanos de Madrid / Lomo Cabezo, el Ayuntamiento ya había ordenado cortes de suministro y suspensión de servicios dentro de un expediente de disciplina urbanística iniciado en 2021 y resuelto en 2026, también vinculado a reparcelaciones ilegales. La simultaneidad no es casualidad: son expedientes antiguos que ahora se están ejecutando con contundencia.
Y aquí aparece la conexión que muchos ciudadanos ya están señalando: la investigación judicial por las obras de emergencia de 2022, declaradas por Héctor Suárez para abastecer de agua a asentamientos ilegales, también está en plena ebullición. El caso investiga presuntos delitos de ordenación del territorio, malversación, negociaciones prohibidas y prevaricación urbanística, después de que un informe del SEPRONA cuestionara la legalidad de la actuación.
En otras palabras: el mismo cuerpo que hoy precinta urbanizaciones ilegales es el que originó la causa penal por las obras de emergencia. Dos escenarios distintos, un mismo problema de fondo: la gestión del territorio en Telde.
Y en medio de este terremoto institucional, surge la pregunta inevitable: ¿qué dice el concejal responsable de Urbanismo y Disciplina Urbanística?
Hasta ahora, nada. Ni una valoración pública. Ni una explicación sobre el alcance real de las actuaciones. Ni una aclaración sobre si existen más expedientes en ejecución. Ni una posición política sobre el impacto que estas operaciones tienen en el modelo de ciudad.
El silencio, en un momento así, no es neutral. Cuando el SEPRONA, el Juzgado y el propio Ayuntamiento están actuando simultáneamente sobre el territorio, la ciudadanía merece saber qué está pasando, por qué está pasando y qué va a pasar después.
