Telde permite el uso privado de suelo público en La Mareta pese al cambio político que prometió regular estas prácticas
Tres años después del relevo en el Ayuntamiento, las parcelas municipales siguen ocupadas por empresas privadas sin contratos, canon ni transparencia, mientras las zonas verdes obligatorias han desaparecido bajo coches, camiones y caravanas
Las nuevas imágenes tomadas en La Mareta y remitidas a este medio confirman que parte del suelo municipal continúa siendo utilizado como aparcamiento y zona de operaciones por empresas privadas sin que exista documentación pública que lo justifique. En las fotografías se observan vehículos de clientes, camiones, remolques y caravanas ocupando espacios que, según el planeamiento urbanístico, deberían destinarse a zonas verdes o áreas públicas reguladas.
El solar, situado junto a varias grandes superficies, funciona de facto como aparcamiento auxiliar para establecimientos como Leroy Merlin, sin que el Ayuntamiento de Telde haya publicado canon, contrato, cesión temporal ni procedimiento administrativo alguno que avale este uso. Tampoco aparece rastro de licitación pública, memoria económica o informe urbanístico que respalde la ocupación continuada del espacio.
Lo más llamativo para los vecinos es que Telde vivió un cambio político precisamente para poner orden en este tipo de situaciones. El nuevo gobierno municipal llegó con el compromiso de auditar el patrimonio público, regular las cesiones y acabar con los usos opacos del suelo municipal.
Sin embargo, tras tres años de mandato, la situación no solo no ha mejorado, sino que en algunos puntos parece haberse agravado.
Las zonas verdes obligatorias han desaparecido bajo el asfalto y los vehículos. El solar presenta un deterioro evidente pese a su uso intensivo por actividades privadas. Restos de basura, maquinaria estacionada y vehículos industriales completan una imagen que dista mucho de la función prevista en el planeamiento.
Este caso se suma al ya denunciado solar junto al Centro Comercial Las Terrazas, donde otra empresa privada explota un terreno municipal valorado en varios millones de euros sin que el Ayuntamiento haya publicado información sobre el canon o las condiciones de uso. La repetición de situaciones similares ha encendido las alarmas entre los residentes, que esperaban un cambio real tras el relevo político.
Los vecinos reclaman una auditoría completa del patrimonio municipal, la publicación de todos los contratos o cesiones —si existen— y la recuperación de las zonas verdes previstas en el planeamiento. La pregunta que se repite es clara:
¿Para qué sirvió el cambio político si el uso del suelo público sigue sin control ni transparencia?
Por ahora, la respuesta sigue sin aparecer en los portales oficiales.