El despropósito de los cementerios de Telde: negligencia, abandono y una sentencia vergonzosa

En Telde, los cementerios no son solo lugares de descanso eterno, sino escenarios de un abandono institucional difícil de justificar. Lo ocurrido en los últimos años en los camposantos de San Juan y San Gregorio trasciende la simple dejadez: es la muestra de una gestión municipal marcada por la desidia, las promesas incumplidas y, ahora también, condenas judiciales por errores inadmisibles.

LA PROVINCIA

El protagonista involuntario de esta triste historia es el concejal Juan Martel, conocido popularmente —y con un tono claramente irónico— como el “Súper Concejal”. Y es que Martel, que acumula cargos como si de medallas al mérito se tratara, ha sido incapaz de garantizar algo tan básico como el correcto funcionamiento de los cementerios municipales.

Las denuncias de abandono no son nuevas. Desde hace años, los vecinos alertan del deterioro visible: lápidas rotas, maleza, suciedad, y una clara falta de mantenimiento que contrasta con las reiteradas promesas de Martel de “poner orden”. Como tantas otras, se han quedado en palabras vacías. Lo mismo ocurrió con su promesa estrella: eliminar a Valora, la empresa recaudadora de impuestos que tantos quebraderos de cabeza genera a los ciudadanos. Spoiler: Valora sigue, y Martel también.

Pero si el abandono ya era preocupante, lo que se ha conocido ahora roza lo grotesco. Una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Ayuntamiento de Telde a indemnizar con 2.500 euros a la familia Santana Santana. ¿La razón? El 19 de noviembre de 2022, durante el mandato de Carmen Hernández, se permitió el entierro de una persona desconocida en el nicho de esta familia en el cementerio de San Juan. Una inhumación errónea, reconocida incluso por el propio consistorio, que ha causado un daño moral evidente.

El fallo judicial no deja lugar a dudas: hubo un “defectuoso funcionamiento municipal” y una clara vulneración de los derechos de esta familia, que no podrá volver a utilizar su tumba hasta 2027. Mientras tanto, el Ayuntamiento les ha cedido un nicho provisional y ha tenido que asumir una responsabilidad que debería avergonzar a cualquier administración que se precie.

El relato de Juan José Ramírez, uno de los afectados, es demoledor: no solo se vieron sorprendidos al descubrir que habían usado su tumba, sino que además recibieron un trato altivo y desinteresado por parte de los responsables municipales. Ni empatía, ni soluciones. Solo burocracia y desprecio. Si no llega a ser por la intervención del ahora alcalde Juan Antonio Peña —entonces en la oposición—, probablemente el caso habría quedado silenciado.

Este episodio no es un hecho aislado, sino el síntoma de un sistema que ha dejado de funcionar. La gestión de los cementerios en Telde ha sido históricamente un caos, y los errores no son fruto del azar, sino de una cadena de negligencias acumuladas durante años. La responsabilidad recae en quienes han tenido el poder y no han hecho nada, empezando por Juan Martel, cuyo largo historial político empieza a pesar más por sus fallos que por sus logros.

En Telde, ya no bastan las excusas. Ya no valen las promesas recicladas. Hace falta responsabilidad, transparencia y, sobre todo, respeto. Porque jugar con los sentimientos y la dignidad de quienes han perdido a sus seres queridos es cruzar una línea que ninguna administración debería permitir.

El abandono de los cementerios no es solo una cuestión de imagen o mantenimiento. Es una cuestión de humanidad. Y Telde, lamentablemente, la ha perdido hace tiempo.