Un caso judicial de 1,3 millones que avanza mientras Telde mira hacia otro lado
El inicio de las declaraciones por las obras de emergencia adjudicadas a Construplan contrasta con la ausencia de posicionamiento público de las fuerzas políticas y el escaso eco mediático en un asunto de evidente interés ciudadano
El Juzgado de Instrucción nº2 de Telde abre esta semana una fase decisiva en la investigación penal sobre las obras de emergencia ejecutadas en 2022 para abastecer de agua a asentamientos ilegales del municipio. Este martes 19 de mayo declaran cinco testigos y el miércoles 21 lo harán los cuatro investigados, entre ellos el entonces concejal de Aguas y Urbanismo, Héctor Suárez, hoy edil no adscrito.
La causa examina la declaración de emergencia del 1 de julio de 2022, que permitió adjudicar directamente a Construplan unos trabajos valorados inicialmente en 690.000 euros, pero cuyo coste final superó 1,3 millones, sin que conste aprobación formal de los incrementos por parte de la Junta de Gobierno Local. Las obras atravesaron suelo rústico protegido y terrenos privados sin autorización expresa, según la documentación incorporada al expediente.
El informe del Seprona, origen del procedimiento, apunta a posibles delitos de ordenación del territorio, malversación, negociaciones prohibidas y prevaricación urbanística. Se trata, por tanto, de un caso de relevancia institucional, económica y medioambiental.
Y sin embargo, desde este medio observamos con preocupación un fenómeno que también merece ser contado:
la ausencia casi total de posicionamiento público por parte de las fuerzas políticas del municipio, incluidas aquellas que ejercen la labor de oposición.
Un silencio que contrasta con la gravedad de los hechos investigados y con la responsabilidad democrática de fiscalizar, preguntar y exigir claridad cuando el dinero público y la legalidad urbanística están en juego.
Tampoco el ecosistema mediático local ha dedicado a este asunto la atención proporcional a su impacto. Resulta llamativo que un procedimiento judicial que afecta a más de un millón de euros, a suelo protegido y a decisiones administrativas de alto nivel avance prácticamente sin debate público.
Como medio de comunicación local, nuestra obligación es poner el foco donde otros no lo ponen, señalar lo que ocurre y lo que no ocurre, y recordar que la transparencia no es una opción: es un deber.
La ciudadanía de Telde tiene derecho a estar informada, a conocer el alcance de este caso y a saber qué posición adoptan quienes la representan.
Este editorial no busca señalar culpables —esa tarea corresponde a la justicia—, sino recordar que el silencio también comunica, y que en asuntos de esta magnitud, la falta de explicaciones es, por sí misma, una noticia.