Preocupación en El Goro por la nueva central de gasóleo: «Nadie nos ha informado» y críticas a La Jardinera por limitarse a organizar fiestas

La autorización concedida por el Gobierno de Canarias para instalar una nueva central eléctrica de emergencia en El Goro ha desatado una ola de indignación entre los residentes de la zona. Tras hacerse pública este jueves en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la luz verde al proyecto de GPM Generación, S.L.U., el malestar vecinal apunta tanto al oscurantismo de las administraciones como a la falta de respuesta de los representantes del barrio.

«Estamos muy preocupados y nadie nos ha llamado ni nos ha explicado nada en absoluto», denuncian los vecinos a este medio. El sentimiento generalizado es de total indefensión al enterarse por la prensa de que, a escasa distancia de sus hogares, se levantará una planta industrial con 15 grupos electrógenos alimentados por gasóleo (20 megavatios de potencia) y nueve depósitos que almacenarán hasta 258.750 litros de combustible, además de tanques de AdBlue y centros de transformación.

A esta inquietud por la cercanía de los motores y los riesgos de contaminación se suma un profundo descontento con la Asociación de Vecinos La Jardinera. Numerosos residentes se preguntan dónde está el colectivo ante un problema de esta magnitud, reprochándole que su actividad se reduzca exclusivamente a la organización de actos festivos junto al patronato. «Para las fiestas siempre están, pero cuando toca dar la cara y defender el barrio frente a una instalación peligrosa, aquí no aparece nadie», critican con dureza.

El desamparo se agrava al comprobar el papel del Ayuntamiento de Telde. Tal y como recoge la resolución de la Dirección General de Energía, el Ejecutivo autonómico solicitó informes al Consistorio el 10 de marzo y el 13 de abril de este año para que se pronunciara sobre el proyecto, pero el grupo de gobierno dejó pasar ambos plazos sin emitir respuesta alguna. Este silencio administrativo ha permitido que la autorización territorial quede integrada en el permiso energético sin necesidad de licencia municipal, dejando a los vecinos sin la protección de su propio ayuntamiento.

Aunque la resolución establece que la central tendrá carácter temporal —tres años prorrogables— y solo se activará en emergencias, el documento oficial admite riesgos y exige a la empresa estudios de dispersión de contaminantes y control de olores para la población situada a menos de dos kilómetros. A ello se une el impacto acumulado de una segunda planta proyectada al lado por DISA y el tránsito de camiones cisterna. Con un plazo de seis meses para que la promotora solicite la puesta en servicio, los vecinos exigen explicaciones urgentes y reclaman que el barrio despierte ante una amenaza tan seria para su salud y tranquilidad.