Treinta años pagando y esperando: las familias de Vivienda por Derecho exigen al Gobierno de Canarias que cumpla su compromiso
Las familias de Lomos de Los Frailes, Jinámar y Valsequillo denuncian que, pese a tres décadas abonando sus viviendas y contar con documentación oficial que avala su derecho a la propiedad, la Administración sigue sin ofrecer una solución
Por DE TELDELa plataforma Vivienda por Derecho, integrada por familias de Lomos de Los Frailes, Jinámar y Valsequillo, ha decidido alzar la voz ante lo que consideran una grave falta de compromiso del Gobierno de Canarias. Tras más de 30 años pagando sus viviendas, denuncian que la Administración no ha cumplido las obligaciones adquiridas y que ahora, lejos de aclarar su situación, incrementa la incertidumbre.
Las familias sostienen su reivindicación en documentación oficial. En una carta de 1999, el entonces director general de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez, comunicó expresamente:
“Cumpliendo con el compromiso que desde el Gobierno de Canarias habíamos adquirido de facilitarle el acceso a la propiedad de la vivienda que habita, me satisface comunicarle que ya hemos aprobado el Decreto por el que se fijan las condiciones de compraventa de más de 7.000 viviendas de Protección Oficial, entre las que se encuentra la suya”.
Según la plataforma, en 2003 se firmó un anexo que volvía a confirmar la opción de compra. Además, señalan que los Decretos 114/1999 y 1/2023 recogen el marco normativo que permitiría a estas familias acceder a la propiedad.
La plataforma recuerda también que existen viviendas en circunstancias similares que sí han sido vendidas a sus inquilinos, tal y como recogen tres publicaciones del Boletín Oficial de Canarias: el BOC nº 127 (30 de junio de 2023), el BOC nº 239 (5 de diciembre de 2023) y el BOC nº 50 (12 de marzo de 2025). Para Vivienda por Derecho, estos antecedentes demuestran que la Administración sí ha aplicado la vía de acceso a la propiedad en otros casos, y exigen saber por qué sus viviendas no han sido incluidas.
La preocupación de las familias se disparó tras recibir una comunicación de VISOCAN, en la que se les informa de que el Decreto 114/1999 ha sido derogado por el Decreto 1/2023, y que su promoción no ha sido ofertada para la venta, por lo que deben continuar abonando alquiler. Una afirmación que, según la plataforma, contradice décadas de mensajes tranquilizadores y deja a cientos de familias en un limbo jurídico.
“Somos personas, por Dios. Llevamos más de 30 años cumpliendo, pagando y esperando. No queremos que se nos siga dando largas ni recibir únicamente cartas. Queremos que nos escuchen y que nos den una solución”, lamenta Joan Dylan Santana Sosa, portavoz de la plataforma.
Vivienda por Derecho señala además a tres responsables políticos por no querer reunirse con las familias afectadas: Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias; Pino de León, directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI); y Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Todos ellos pertenecen a Coalición Canaria, formación que actualmente gobierna.
La plataforma considera que esta falta de diálogo agrava la incertidumbre y exige que los responsables “den la cara” y expliquen qué solución plantean para cientos de familias que llevan tres décadas cumpliendo sus obligaciones.
Para exigir respuestas, Vivienda por Derecho convoca una movilización el miércoles 2 de septiembre, de 11:00 a 13:00 horas, en Edificios Múltiples II, en Las Palmas de Gran Canaria.
“Detrás de cada vivienda hay una familia, y detrás de cada familia hay 30 años de esfuerzo. Llevamos 30 años cumpliendo. Ahora le toca cumplir al Gobierno de Canarias”, concluye Santana Sosa.
