Costas de Telde: El silencio también contamina
Cuando la ciudadanía pide respuestas y las administraciones responden con incertidumbre
Meses después de los episodios de contaminación registrados en el litoral de Telde, las preguntas siguen flotando sobre el mar mientras las respuestas continúan ausentes. Lo que comenzó como una preocupación medioambiental se ha convertido también en un debate sobre transparencia institucional, salud pública y derecho a la información.
A finales de 2025 y posteriormente en enero de 2026, diversos episodios de contaminación marítima generaron inquietud entre vecinos, pescadores, deportistas náuticos, colectivos ecologistas y ciudadanos en general. Sin embargo, el paso del tiempo no ha venido acompañado de explicaciones claras sobre lo ocurrido.
Las incógnitas siguen siendo las mismas: ¿qué sustancia llegó al litoral?, ¿cuál fue su origen?, ¿se identificaron responsables?, ¿se realizaron análisis completos e independientes?, ¿existe alguna afección para la fauna marina o para el consumo de pescado capturado en estas aguas?
En una sociedad democrática, estas cuestiones deberían haber encontrado respuesta hace meses. No se trata de exigir el acceso a todos los detalles técnicos de una investigación compleja, sino de garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer qué ocurrió, qué riesgos existieron y qué medidas se adoptaron para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
El derecho a saber
La transparencia institucional no puede ser entendida como una concesión, sino como una obligación. Ante cualquier episodio de contaminación que afecte al dominio público marítimo-terrestre, la información debe ofrecerse con rapidez, rigor y claridad.
Los comunicados genéricos o las investigaciones cuyos resultados nunca se hacen públicos terminan alimentando la incertidumbre. Cuando faltan explicaciones, aparecen los rumores; cuando se prolonga el silencio, crece la desconfianza.
Una cadena de administraciones sin respuestas concluyentes
Ayuntamientos, Cabildo, organismos autonómicos y administraciones estatales han participado de una u otra forma en el seguimiento del incidente. Sin embargo, la percepción de buena parte de la ciudadanía es que la responsabilidad se ha diluido entre informes, competencias y procedimientos administrativos.
La protección medioambiental exige coordinación institucional, pero también rendición de cuentas. Si existió una fuente contaminante, debe conocerse. Si hubo negligencias, deben depurarse responsabilidades. Y si existen limitaciones técnicas que impiden determinar el origen exacto, estas también deben explicarse de forma transparente.
Lo que resulta difícil de aceptar es que el paso del tiempo termine convirtiéndose en una herramienta para que las preguntas pierdan actualidad sin haber obtenido respuesta.
La salud pública no admite dudas
El mar no solo representa un espacio natural de enorme valor ecológico. También constituye una fuente de actividad económica y alimentaria para muchas familias.
Por ello, las dudas sobre la seguridad del pescado capturado en estas aguas deberían haber sido despejadas mediante información pública, accesible y respaldada por análisis técnicos contrastados.
Si no existe riesgo, debe comunicarse con claridad. Si existen recomendaciones o limitaciones, también deben darse a conocer. La incertidumbre prolongada perjudica a consumidores, pescadores, comerciantes y al conjunto de la economía local.
El silencio también tiene consecuencias
Quizá la consecuencia más grave ya no sea el episodio de contaminación en sí, sino el desgaste de la confianza ciudadana en las instituciones.
La relación entre administraciones y ciudadanía se sustenta en la transparencia, especialmente cuando están en juego cuestiones medioambientales y de salud pública. Cada día que pasa sin explicaciones suficientes alimenta la percepción de que los ciudadanos son escuchados únicamente cuando se acercan los procesos electorales.
El mar merece respuestas
La experiencia marinera enseña que cualquier incidente debe investigarse, documentarse y corregirse para evitar que vuelva a producirse. Las administraciones públicas deberían actuar con la misma filosofía.
No puede existir un episodio significativo de contaminación sin una explicación pública exhaustiva. Tampoco puede mantenerse indefinidamente la incertidumbre sobre sus causas y consecuencias.
Los ciudadanos no reclaman privilegios ni exigen imposibles. Reclaman algo mucho más sencillo: conocer la verdad sobre lo ocurrido y disponer de la información necesaria para confiar en quienes gestionan lo público.

Las manchas visibles pudieron desaparecer de la superficie del mar, pero la sombra de la duda sigue presente sobre la costa de Telde. Mientras no se aclaren las causas, las responsabilidades y las consecuencias de aquellos episodios, la sensación de incertidumbre continuará creciendo.
En una democracia madura, tan preocupante como un vertido es la ausencia de explicaciones sobre ese vertido. Y la transparencia, como el propio mar, siempre termina encontrando el camino hacia la orilla.
Julio César González Padrón
Marino Mercante y escritor




