Dos médicos, un mismo patrón: cuando la consulta se convierte en territorio de impunidad
Telde afronta dos casos de agresiones sexuales cometidas por facultativos con trayectorias distintas pero un denominador común: la reincidencia, el silencio institucional y la falta de mecanismos eficaces para proteger a las pacientes
En menos de un año, Telde ha visto cómo dos médicos, separados por edad, trayectoria y ámbito profesional, terminaban ante el mismo juzgado por delitos de agresión sexual. Dos historias distintas, sí, pero un patrón idéntico: la consulta médica convertida en un espacio de vulnerabilidad, aprovechado por quienes jamás debieron tener acceso a una paciente sin supervisión.
El primer caso, el más reciente, es el del médico de 37 años, ya desvinculado del Servicio Canario de la Salud, enviado a prisión provisional sin fianza por once agresiones sexuales. Once. No una, no dos: once. Y todas con un mismo modus operandi, repetido en distintos centros, con pacientes que no se conocían entre sí y que describieron conductas calcadas. La jueza actuó con contundencia: prisión, suspensión del ejercicio y alejamiento. Una reacción firme, pero tardía. Porque para llegar a once víctimas, antes hubo señales que nadie quiso o supo leer.
El segundo caso es más antiguo, pero igual de inquietante. En San Juan, en plena calle León y Castillo, la Policía detuvo a Fernando Alberto U. B., 66 años, médico con consulta privada y un historial que debería haber sido suficiente para impedirle ejercer: condenado en 2010 por delitos sexuales, detenido en 2016 por incumplir una orden de alejamiento, y aun así, durante años, atendiendo pacientes con total normalidad. Tras su nueva detención por agresiones sexuales —algunas a menores— quedó en libertad provisional, con alejamiento e inhabilitación temporal. La investigación sigue abierta, y no se descarta que haya más víctimas.
Dos perfiles distintos, dos edades, dos contextos. Pero un mismo fallo estructural: la incapacidad del sistema para detectar, frenar y apartar a tiempo a quienes utilizan la autoridad médica como escudo para abusar. La sanidad pública no detectó al primero. La sanidad privada no frenó al segundo. Y entre ambos, un mensaje devastador para las víctimas: que denunciar es un acto de valentía que llega siempre después del daño.
Telde no puede normalizar lo intolerable. No puede aceptar que la bata blanca se convierta en coartada. No puede permitir que la reincidencia sea un detalle más en un expediente. La justicia avanza, sí, pero siempre llega después. La prevención —la verdadera— sigue siendo la asignatura pendiente.
Porque la pregunta que queda en el aire es tan simple como incómoda:
¿Cuántas denuncias hacen falta para que un depredador sexual deje de tener acceso a pacientes?
Y esa respuesta, por ahora, sigue siendo inadmisible.
ARTÍCULO DE OPINIÓN — Por Andrés Ojeda
