El informe que deja al alcalde en tierra de nadie
El informe toxicológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre la contaminación marina en Telde ha introducido un elemento incómodo en un debate que llevaba meses alimentándose de sospechas, declaraciones cruzadas y silencios administrativos. La ULPGC ha sido clara: no hay base científica para señalar responsables y las muestras ambientales presentan valores normales. Un jarro de agua fría para quienes habían construido discursos apresurados en torno a culpables anticipados.
Entre ellos, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, que durante semanas sostuvo un relato de urgencia, alarma y exigencia institucional. Reclamó transparencia al Gobierno de Canarias, denunció retrasos en los análisis y llegó a insinuar que se ocultaba información relevante. También se apresuró a descartar cualquier responsabilidad municipal en el episodio, apoyándose en informes propios que exoneraban al emisario local.
Hoy, ese discurso queda en un terreno resbaladizo. El informe de la ULPGC no solo no respalda ninguna acusación, sino que advierte contra las “interpretaciones disparatadas” que comparan datos incomparables. Un mensaje que, sin señalar directamente a nadie, deja en evidencia a quienes utilizaron la crisis para reforzar posiciones políticas sin esperar a los resultados técnicos.
El alcalde no queda señalado como responsable, pero tampoco reforzado. Queda, más bien, en tierra de nadie: sin culpables claros que apuntalar su narrativa, sin respaldo científico a sus insinuaciones y con la presión añadida de haber gestionado una crisis desde la sospecha más que desde la prudencia.
Mientras la Fiscalía continúa investigando, la ciudadanía sigue esperando respuestas. Y en esa espera, la política local debería aprender una lección elemental: la transparencia no se construye con ruido, sino con rigor. Y el rigor exige paciencia, datos y responsabilidad. Justo lo que ha faltado en demasiadas declaraciones públicas durante esta crisis.
El Faro
