El mensaje suena bonito, emotivo, casi patriótico. Pero arrastra un defecto esencial: oculta la verdad por omisión.
Porque cuando un canario pregunta dónde puede disfrutar de su propia tierra, la respuesta es un inventario de carencias.
No existen playas habilitadas para acampar. No hay tramos de costa pública donde pasar un fin de semana sin temer una sanción. No hay áreas de autocaravanas dignas, modernas y accesibles. No hay espacios naturales preparados para una acampada regulada. No hay un plan de ocio para residentes financiado con los miles de millones que deja el turismo.
Lo que sí existe es un modelo económico que empuja al canario a convertirse en turista dentro de su propio territorio.
Si quieres veranear aquí, te recomiendan: hotel, apartamento, resort. Y muchos de esos negocios, además, pertenecen a empresas que no son de aquí y cuyos beneficios tampoco se quedan aquí.
Mientras tanto, entran casi veinte millones de turistas al año. Veinte millones. Una cifra repetida como mantra, como si fuera un logro autosuficiente. Pero nadie explica por qué ese océano de dinero no se transforma en infraestructuras públicas para quienes viven aquí.
¿Por qué no se habilitan playas? ¿Por qué no se crean áreas de acampada modernas? ¿Por qué no se acondicionan espacios naturales para disfrutarlos con orden? ¿Por qué el territorio se explota, pero no se comparte?
Ahora aparece un decreto para regular los campings. Bien: orden, seguridad jurídica, sostenibilidad. Pero el decreto esquiva la pregunta clave: ¿Dónde podrán acampar los canarios?
Porque regular no es habilitar. Ordenar no es invertir. Y poner normas no es devolver territorio.
La verdad incomoda: Canarias vive del paisaje, pero no invierte en que su gente pueda vivirlo. El residente es espectador. El turista, cliente. Y el territorio, un producto.
Por eso, cuando este verano vuelvan a pedirnos que nos quedemos en casa, conviene recordar algo básico: no se disfruta lo que no se habilita. No se ama lo que no se permite usar. No se presume de tierra cuando la tierra está reservada para otros.
El Faro no exige privilegios. Exige coherencia. Exige que una parte del dinero que entra por los aeropuertos regrese a la costa, al campo y a los espacios públicos que deberían ser de todos. Exige que los canarios puedan usar lo que llevan décadas vendiendo.
Porque un territorio que solo se explota y nunca se comparte termina dejando de pertenecer a quienes lo sostienen.
El Faro
