Gran Canaria no se parte por la lluvia, sino por la dejadez

Durante las últimas borrascas, Gran Canaria volvió a quedar partida en dos: carreteras cortadas, desprendimientos, barrancos desbordados y barrios aislados. Las mismas imágenes de siempre, repetidas como un mal déjà vu. Y no, no es que la isla esté condenada a sufrir cada vez que llueve un poco. Lo que falla no es el cielo: es la gestión.

El Cabildo de Gran Canaria maneja un presupuesto anual de 1.050 millones de euros, una cifra que debería bastar para garantizar carreteras seguras, cauces limpios y una planificación preventiva que evitara el caos. Sin embargo, lo que vemos sobre el terreno es otra cosa: taludes sin estabilizar, drenajes colmatados, infraestructuras abandonadas y barrancos convertidos en junglas improvisadas donde el agua ya no sabe por dónde circular.

Nada de esto es nuevo. Llevamos más de una década acumulando advertencias, informes y episodios que señalan lo mismo: falta mantenimiento, falta vigilancia y falta voluntad política. El Consejo Insular de Aguas, que debería velar por los cauces, apenas ejerce un control efectivo. Las ocupaciones ilegales se eternizan, la vegetación crece sin control y los sedimentos se acumulan hasta convertir los barrancos en auténticas trampas hidráulicas. Cuando llega una borrasca, el resultado es tan previsible como evitable.

Pero quizá lo más preocupante no es la inacción institucional, sino el silencio mediático que la acompaña. En una isla donde buena parte de los medios depende de campañas institucionales, convenios de difusión y publicidad pública, la crítica profunda se convierte en un lujo que pocos pueden permitirse. Los grandes medios miran hacia otro lado, no vaya a ser que una columna incómoda les cierre la puerta a la próxima campaña turística o al siguiente contrato de promoción.

Y así, la ciudadanía se queda sin la información necesaria para exigir responsabilidades. Mientras tanto, las carreteras siguen cayéndose a pedazos y los cauces continúan sin limpiar. Cada vez que llueve, Gran Canaria descubre —otra vez— que no es la naturaleza la que la pone en jaque, sino la falta de mantenimiento, de vigilancia y de valentía política.

La isla no necesita más excusas. Necesita planificación, transparencia y un compromiso real con el interés público. Porque cuando una administración dispone de 1.050 millones de euros y aun así permite que sus infraestructuras se deterioren hasta el colapso, el problema no es el clima: es la gestión.

Por El Cernícalo